(Euskadi) Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes


Viernes 10 de febrero de 2012
por  Cuadernalia
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Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Una enseñanza de calidad debe basarse de forma esencial en la existencia de profesionales que sean capaces de superar el reto que supone formar a los más jóvenes.

En esa línea se puede afirmar que el sistema educativo público tiene uno de sus pilares básicos en el personal docente. Este personal goza de una doble condición: son de una parte funcionarios, en el sentido extenso de esa palabra, en tanto que son personal al servicio de la Administración pública; pero de otra son docentes, es decir, su cometido diario adjetiva aquel concepto en virtud de la especialidad tanto de su trabajo como de los receptores directos del mismo.

Esta especialidad, sociológicamente constatable, ha tenido reflejo normativo en la regulación de su régimen jurídico. Refiriéndonos al pasado más cercano, podemos destacar tanto que la Ley 30/84, de 2 de abril, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, recogió peculiaridades para el personal docente en su ámbito de aplicación y en su disposición adicional decimoquinta, como el hecho de que una ley de carácter sectorial como la ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 1/1990, de 3 de octubre, recoja bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes.

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene amplias competencias en materia de educación, según establece el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, y competencia exclusiva en materia de ordenación de su función pública, según recoge el artículo 10.4 del mismo texto legal, relativizado por lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución española.

En uso de su competencia, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, por la que se creó un régimen homogéneo de función pública y en la que, no obstante, se remarcó de nuevo la especialidad de la función pública docente, tanto en su artículo 2.3 como en su disposición adicional decimotercera. Este último precepto remitía a una ley del Parlamento Vasco la regulación del acceso a la función pública docente no universitaria, la formación profesional y la promoción interna, así como la reordenación de sus cuerpos y escalas.

La ley de Cuerpos docentes no universitarios de la C.A.P.V. viene de una parte a llenar el vacío normativo que la ley de Función Pública Vasca pedía, y de otra a satisfacer la legítima aspiración de esta Comunidad Autónoma de ordenar de forma duradera su función pública docente, creando sus propios cuerpos docentes.

No se puede obviar el constreñido marco jurídico en que esta ley se mueve, pero tampoco sería justo no reconocer que con ella se pone fin a una situación de indefinición que había dado lugar a situaciones de enquistamiento que repercutían de forma negativa tanto en la situación personal de los docentes como, por extensión, en la calidad de la enseñanza.

La ley refleja un principio de permeabilidad funcionarial que se asienta en:

1. Unas estructuras de cuerpos que se corresponden en todo caso con la ordenación de cuerpos que se establece en la legislación básica del Estado.

2. La existencia de concursos de ámbito estatal para la provisión de plazas vacantes en los centros docentes de enseñanza, lo que no impide que la Comunidad Autónoma realice sus concursos propios cerrados y señale los requisitos específicos necesarios.

3. La garantía de igualdad de derechos y deberes del personal docente de la C.A.P.V. y del personal docente de otras Administraciones que provea plazas vacantes en los centros de enseñanza del País Vasco.

Se crea, en el Registro de Personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, una sección de Personal Docente no Universitario. Esta sección quiere configurarse por su adscripción al Departamento de Educación, Universidades e Investigación como un instrumento ágil e inmediato que apoye una gestión de personal más rápida y eficaz.

En lo que respecta a la provisión de puestos de trabajo, la ley realiza una regulación general para los puestos de trabajo docentes y en consecutivas subsecciones ordena la provisión de puestos de trabajo específicos, dando claridad a diversas materias que han sido, hasta ahora, tratadas de forma más o menos difusa. Así, respecto de los puestos de trabajo en la Administración educativa y en la Inspección Administrativa de Servicios se decanta por una remisión en bloque a la ley de Función Pública Vasca, estableciendo, respecto de los puestos de trabajo en los servicios de Investigación y Apoyo a la Docencia, un sistema novedoso de provisión inspirado en el de la función inspectora pero corregido con un primer tramo de adscripción temporal y reserva de puesto, que debe servir suficientemente para atender a las especiales características de estos puestos sin romper absolutamente con un esquema aceptable.

En el título V, «De la normalización lingüística», se opta por un esquema en buena lógica homogéneo con el de la ley de la Función Pública Vasca, en el que todo puesto de trabajo tenga asignado el correspondiente perfil lingüístico. No obstante, respecto al personal de nuevo ingreso se considera necesaria una exigencia inicial de acreditación del correspondiente perfil lingüístico en los términos recogidos en la disposición adicional decimoquinta.

La Administración educativa se compromete a procurar la adecuada capacitación lingüística del personal a su servicio y a llevar a cabo un plan plurianual de euskaldunización del profesorado.

De las disposiciones transitorias destacan dos por la especial resonancia de los problemas que abordan:

1. La disposición transitoria primera: regula el régimen de acceso a la condición de funcionario del personal docente interino, mediante un sistema de selección que, aplicable en las convocatorias derivadas de las tres primeras ofertas de empleo público que se produzcan a partir de su entrada en vigor, conjuga el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso en la función pública con el reconocimiento a los méritos que el personal interino pueda acreditar como consecuencia de la prestación de servicios a cualquier Administración educativa.

2. La disposición transitoria segunda: regula el acceso a la función pública del personal docente al servicio de las ikastolas.

Esta posibilidad está recogida tanto en la ley de la Función Pública Vasca como en la ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. La medida que se adopta supone el reconocimiento al trabajo realizado por esos docentes, entendiéndose además que facilita la confluencia de las ikastolas con la escuela pública.

En ese sentido, los profesores de las ikastolas que confluyan quedan como personal al servicio de la Administración pública vasca, pudiendo optar por acceder a la condición de funcionarios a través de una prueba selectiva restringida o bien por mantener su actual régimen jurídico laboral.

3. La disposición transitoria tercera: regula la integración del personal no docente al servicio de las ikastolas en la Administración pública. En virtud de las obligaciones legalmente establecidas para la Administración local y para la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, este personal se integra en una o en otra dependiendo de las funciones que viniese realizando.





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